REDEFINICIÓN DEL ROL DEL ARQUITECTO EN ECUADOR: TRANSFORMACIONES CONTEMPORÁNEAS Y DESAFÍOS PROFESIONALES

REDEFINING THE ROLE OF THE ARCHITECT IN ECUADOR: CONTEMPORARY TRANSFORMATIONS AND PROFESSIONAL CHALLENGES

José Luis Castro Mero¹; Bryan Alexander Castro Guadamud²

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta¹, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Santo Domingo^,2

jose.castro@uleam.edu.ec¹ ; bryan.castro@uleam.edu.ec²

José Luis Castro Mero ¹ https://orcid.org/0000-0002-0902-7520

Bryan Alexander Castro Guadamud² https://orcid.org/0000-0001-7470-6151

Recibido: 19 de noviembre de 2025 / Aprobado: 13 de diciembre de 2025

RESUMEN

La redefinición del rol profesional del arquitecto en Ecuador constituye un fenómeno complejo que trasciende la mera adaptación técnica a nuevas herramientas o normativas. Este análisis aborda críticamente las transformaciones de la práctica arquitectónica en el país, considerando variables interdependientes de orden social, económico, tecnológico y ambiental. Basado en una revisión narrativa de literatura académica y documental y entrevistas a profesionales, se identifican desplazamientos significativos en el perfil profesional, desde una centralidad en el dominio técnico y estético-funcional hacia una praxis marcada por la digitalización, la incorporación de criterios de sostenibilidad y la expansión de competencias hacia áreas como la gestión de proyectos, el urbanismo, la gobernanza territorial y la consultoría ambiental. Se revela una tendencia dominante en producción académica centrada en el objeto arquitectónico en detrimento de una reflexión crítica sobre el sujeto profesional, su identidad y accionar en contextos de transformación territorial. Esta omisión no es menor, pues limita la capacidad de formular políticas educativas y laborales que respondan a las exigencias contemporáneas del ejercicio arquitectónico en Ecuador. Pese, a no aplicar el protocolo PRISMA 2020 para revisión sistemática, el enfoque cualitativo adoptado permite construir una visión interpretativa de los desafíos estructurales que enfrenta la profesión, así como las oportunidades emergentes para consolidar un perfil más contextualizado, interdisciplinario y éticamente comprometido con las realidades locales y globales.

PALABRAS CLAVES: Arquitecto, Transformaciones, Sostenibilidad, Tecnología, Adaptabilidad

ABSTRACT

The redefinition of the professional role of the architect in Ecuador constitutes a complex phenomenon that goes beyond mere technical adaptation to new tools or regulations. This analysis critically addresses the transformations in architectural practice in the country, considering interdependent social, economic, technological, and environmental variables. Based on a narrative review of academic and documentary literature, as well as interviews with professionals, significant shifts in the professional profile are identified—from a focus on technical and aesthetic-functional mastery to a practice marked by digitalization, the incorporation of sustainability criteria, and the expansion of competencies into areas such as project management, urban planning, territorial governance, and environmental consulting. A dominant trend is revealed in academic production centered on the architectural object, to the detriment of critical reflection on the professional subject, their identity, and actions within contexts of territorial transformation. This omission is significant, as it limits the ability to formulate educational and labor policies that respond to the contemporary demands of architectural practice in Ecuador. Although the PRISMA 2020 protocol for systematic review was not applied, the qualitative approach adopted allows for the construction of an interpretative vision of the structural challenges facing the profession, as well as the emerging opportunities to consolidate a more contextualized, interdisciplinary, and ethically committed profile aligned with local and global realities.

KEYWORDS: Architect, Transformations, Sustainability, Technology, Adaptability

INTRODUCCIÓN

La arquitectura, entendida como disciplina proyectual y como praxis sociotécnica, ha sido históricamente un componente estructural en la configuración de los territorios, articulando saberes técnicos, expresiones culturales y dinámicas socioeconómicas. En Ecuador, este campo ha transitado desde una tradición artesanal centrada en la edificación como objeto físico, hacia una práctica que exige una comprensión más holística del entorno construido, en el que confluyen variables ambientales, tecnológicas, políticas y sociales de creciente complejidad.

Este proceso de transformación se ha visto acelerado por fenómenos globales y locales que tensionan los marcos tradicionales de la profesión. La urbanización desbordada, la crisis climática, la digitalización de los procesos de diseño y construcción, y la persistente desigualdad en el acceso a la vivienda y al hábitat digno, configuran un escenario en el que el arquitecto ya no puede limitarse a ser un mero ejecutor de proyectos, sino que debe asumir roles estratégicos en la planificación territorial, la gestión ambiental, la innovación tecnológica y la mediación sociocultural (ONU-Habitat, 2020; Saint-Gobain, 2024).

En el caso ecuatoriano, estas transformaciones se manifiestan con particular intensidad. La expansión urbana no planificada, la vulnerabilidad frente a desastres naturales, la fragmentación institucional en la gestión del territorio y la precarización del ejercicio profesional son síntomas de una crisis estructural que interpela directamente a la arquitectura como campo disciplinar. A pesar de ello, la producción académica y técnica nacional ha tendido a centrarse en el análisis del objeto arquitectónico —sus tipologías, materiales, eficiencia energética— dejando en segundo plano al arquitecto como sujeto de estudio, con sus trayectorias, saberes, tensiones éticas y desafíos laborales (MacManus, 2024).

Esta omisión epistemológica no solo limita la comprensión integral de la arquitectura como fenómeno social, sino que obstaculiza la formulación de políticas públicas pertinentes en materia de formación profesional, regulación del ejercicio y planificación territorial. En este sentido, se vuelve imperativo problematizar el rol del arquitecto en el Ecuador contemporáneo, no como una figura aislada, sino como agente activo en la construcción de respuestas frente a los retos del desarrollo sostenible, la justicia espacial y la resiliencia urbana.

El presente análisis pretende contribuir a una lectura crítica y situada de las transformaciones que afectan el accionar del arquitecto en Ecuador, identificando tendencias emergentes, vacíos de conocimiento y desafíos estructurales que requieren ser abordados desde una perspectiva interdisciplinaria y comprometida. Más allá de su valor académico, esta investigación busca constituirse en una línea base para el tratamiento estratégico de la profesión, orientando procesos de reforma curricular, fortalecimiento institucional y articulación con las demandas territoriales y globales que configuran el futuro de la arquitectura en el país.

METODOLOGÍA

Se adoptó un enfoque cualitativo y un diseño de investigación no experimental, exploratorio y descriptivo. La revisión incluyó literatura académica indexada (Scopus, WoS, Redalyc), informes institucionales y documentos normativos (PNBV 2013–2017, PDOTs, agendas ODS, informes de seguimiento a graduados), empleando palabras clave como: rol del arquitecto, sostenibilidad en arquitectura, digitalización y BIM, urbanización en Ecuador y formación profesional en arquitectura.

La información se organizó en cuatro ejes temáticos:

1. Transformaciones en la formación y especialización profesional.

2. Incorporación de tecnologías avanzadas en diseño y construcción.

3. Enfoque en sostenibilidad y resiliencia urbana.

4. Ampliación de roles, gestión territorial y compromiso social.

Aunque esta revisión no aplica un protocolo PRISMA ni evalúa la calidad metodológica de cada fuente, se buscó garantizar diversidad y pertinencia de perspectivas. Se identificó como limitación principal la escasez de estudios centrados en las condiciones laborales, identidad y competencias del arquitecto como agente social, un vacío que justifica investigaciones futuras con diseños mixtos y de alcance nacional.

RESULTADOS

En las últimas dos décadas la praxis arquitectónica en el Ecuador ha atravesado una mutación funcional y cognitiva: no solo se transformaron los procesos productivos (herramientas y materiales), sino también las expectativas sociales sobre ¿qué? debe ser un arquitecto. Estas transformaciones están mediadas por fuerzas globales (digitalización y estándares internacionales), nacionales (políticas públicas como los Planes de Desarrollo y los instrumentos de ordenamiento territorial) y locales (Tendencias territoriales, limitaciones infraestructurales y herencias culturales). La confluencia de estas variables ha dado lugar a la reconceptualización del perfil profesional, es decir, del proyectista-técnico al gestor-estratégico (Dunn, 2024; SENPLADES, 2013).

Globalización, especialización y la presión sobre la formación profesional

La globalización ha transformado profundamente los marcos de referencia de la formación profesional en arquitectura, imponiendo exigencias que trascienden lo técnico y alcanzan dimensiones culturales, económicas, políticas y éticas. En este nuevo escenario, la apertura de mercados, la internacionalización de estándares y la integración regional han generado una presión constante por homologar criterios de calidad, eficiencia y competitividad. Esta dinámica ha impulsado una creciente especialización posgradual y la diversificación de los roles profesionales del arquitecto, configurando un perfil que debe responder simultáneamente a demandas locales y globales (UNESCO-UIA, 2023).

En América Latina, esta reconfiguración se ha materializado en la adopción progresiva de metodologías colaborativas y tecnologías como el Building Information Modeling (BIM), que no solo transforman los procesos de diseño y construcción, sino que también redefinen los perfiles de egreso y las competencias esperadas en los nuevos profesionales. La Red BIM GOB Latam, integrada por ocho países de la región, ha promovido la estandarización de protocolos y la incorporación de BIM en los programas académicos, aunque con avances desiguales entre los Estados y las instituciones educativas (Alianza BIM, 2024).

En Ecuador, esta presión global ha generado respuestas institucionales que, si bien apuntan hacia la modernización de la formación arquitectónica, enfrentan múltiples tensiones. Desde 2017, diversas universidades han impulsado reformas curriculares orientadas a la integración de competencias más contextualizadas, incluyendo sostenibilidad, gestión territorial y tecnologías digitales. Ejemplos como la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), la Universidad Central del Ecuador (UCE) y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, han incorporado progresivamente herramientas como BIM y CAD en sus mallas curriculares, aunque su implementación efectiva se ve limitada por factores estructurales como la escasez de infraestructura tecnológica, la formación docente insuficiente y la fragmentación normativa entre los organismos reguladores (UNEMI, s.f.; SENESCYT, 2023).

Además, la especialización posgradual ha comenzado a consolidarse como respuesta a la creciente complejidad del ejercicio profesional. Programas como la Maestría en Arquitectura Sustentable de la Universidad de Cuenca, Maestría en Diseño Urbano de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil o Maestría en Arquitectura en Planificación de Viviendas con Mención en Bambú-Guadua de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí reflejan un esfuerzo por articular saberes técnicos con enfoques territoriales y sociales. Sin embargo, esta tendencia también plantea riesgos: la fragmentación del conocimiento, la subordinación de la arquitectura a lógicas de mercado y la pérdida de una visión integral del territorio como construcción cultural y política.

La Carta UNESCO-UIA para la Formación en Arquitectura (2023) advierte que la educación arquitectónica debe formar profesionales capaces de actuar como facilitadores sociales, con sensibilidad territorial y responsabilidad ética frente a los desafíos del entorno construido. En el contexto ecuatoriano, esta directriz adquiere especial relevancia ante la persistencia de problemas estructurales como la informalidad urbana, la vulnerabilidad frente a desastres naturales y la exclusión territorial de comunidades rurales y periurbanas.

Este escenario evidencia que la formación profesional en arquitectura en Ecuador se encuentra tensionada entre dos polos: por un lado, la necesidad de adaptarse a estándares internacionales y tecnologías emergentes; por otro, la urgencia de construir respuestas contextualizadas, inclusivas y resilientes frente a las realidades del país. Esta dualidad exige una revisión crítica de los modelos educativos, que no solo incorpore herramientas digitales y metodologías colaborativas, sino que también fortalezca el pensamiento crítico, la sensibilidad territorial y el compromiso ético del arquitecto como agente transformador.

Digitalización y transformación de la práctica: eficiencia vs. identificación profesional

La transformación digital ha redefinido la práctica arquitectónica contemporánea, introduciendo herramientas como BIM (Building Information Modeling), CAD (Computer-Aided Design) e integraciones avanzadas como PLM–BIM, que han mejorado significativamente la eficiencia, la coordinación interdisciplinaria y el control del ciclo de vida de los proyectos. Estas tecnologías permiten una gestión más precisa de los recursos, una reducción de errores y una trazabilidad integral desde el diseño hasta la operación del edificio (BibLus, 2024).

Sin embargo, esta evolución tecnológica plantea desafíos que no pueden ser ignorados. En primer lugar, se intensifica la brecha entre profesionales que dominan estas herramientas digitales y aquellos que no, generando un problema de equidad formativa. Esta desigualdad afecta especialmente a arquitectos formados en contextos académicos con limitaciones tecnológicas, lo que repercute en su inserción laboral y en su capacidad de participar en proyectos colaborativos de alta complejidad (Villao Salinas & Matamoros Dávalos, 2024).

En segundo lugar, la digitalización amenaza la continuidad de competencias manuales y de comprensión material del oficio arquitectónico. La progresiva sustitución del dibujo manual, la maqueta física y el trabajo artesanal por simulaciones digitales, puede erosionar la sensibilidad proyectual ligada al territorio y a los materiales locales. Observaciones realizadas a estudiantes de arquitectura de niveles medios de las universidades locales evidencian en muchos casos una desconexión entre el conocimiento manual previo y el digital recientemente adquirido, lo que afecta su capacidad de integrar ambos enfoques en el proceso de diseño (González Sandoval et al., 2023).

Esta tensión no es únicamente técnica, sino también epistemológica. La digitalización redefine qué se considera conocimiento válido en arquitectura. Como plantea Gamboa et al. (2015), construir una epistemología del proyecto arquitectónico implica reconocer que el saber proyectual no se limita a la eficiencia técnica, sino que debe integrar la experiencia espacial, la sensibilidad cultural y la capacidad crítica del arquitecto (Gamboa et al., 2015).

Además, el uso de tecnologías digitales en la formación académica, como el diseño paramétrico y las plataformas colaborativas, ha modificado las dinámicas pedagógicas. Investigaciones recientes destacan que estas herramientas pueden enriquecer el aprendizaje, pero también pueden aportar en el riesgo de descontextualizar el proceso proyectual si no se vinculan con la realidad territorial y social (Pérez Nanclares & Del Blanco García, 2024).

En este contexto, la digitalización debe ser abordada desde una perspectiva mucho más crítica que reconozca sus beneficios sin ignorar sus implicaciones sobre la identidad profesional del arquitecto. La eficiencia no debe comprometer la sensibilidad, ni la innovación técnica debe desplazar el pensamiento proyectual situado. La formación arquitectónica en Ecuador, por tanto, enfrenta el reto de integrar tecnologías emergentes sin perder la dimensión ética, territorial y cultural de la disciplina.

Sostenibilidad, resiliencia y condicionamientos normativos

La sostenibilidad ha dejado de ser un valor agregado para convertirse en un requisito normativo y programático en los proyectos arquitectónicos, tanto públicos como privados. Esta transformación responde a la presión ejercida por marcos regulatorios internacionales como la Agenda 2030 y por políticas nacionales que buscan mitigar los impactos ambientales del sector de la construcción. En Ecuador, la normativa vigente exige la incorporación de criterios como el diseño bioclimático, la economía circular y la evaluación del ciclo de vida de los materiales y sistemas constructivos (Pérez, 2014).

El análisis del ciclo de vida (ACV) se ha consolidado como una herramienta clave para evaluar el desempeño ambiental de los edificios, permitiendo tomar decisiones informadas sobre el uso de recursos, la eficiencia energética y la reducción de emisiones (Ruiz López, 2016). Sin embargo, su aplicación en el contexto ecuatoriano enfrenta obstáculos técnicos y económicos, especialmente en estamentos municipales con capacidades institucionales limitadas.

La economía circular, por su parte, ha sido promovida como una estrategia para cerrar los ciclos de producción y consumo en la arquitectura, reduciendo residuos y fomentando la reutilización de materiales. Investigaciones recientes destacan que su implementación requiere no solo voluntad política, sino también una transformación profunda en los procesos de diseño y construcción (Saintard Martínez, 2022).

En cuanto a la resiliencia urbana, organismos como ONU-Habitat han señalado que las ciudades deben adaptarse a los efectos del cambio climático mediante políticas integradas que consideren la vulnerabilidad territorial, la infraestructura verde y la participación comunitaria (ONU-Habitat, 2020). No obstante, en Ecuador, la traducción de estas directrices al territorio es desigual. La falta de indicadores locales precisos y la escasa articulación entre niveles de gobierno dificultan la adaptación efectiva de soluciones sostenibles a las realidades específicas de cada región (Pérez Almeida, 2021).

Este desfase entre la normativa y su implementación práctica revela una tensión estructural en la arquitectura ecuatoriana; ya que, mientras los marcos legales avanzan hacia la sostenibilidad y la resiliencia, las condiciones materiales y técnicas de los territorios limitan su aplicación. Consecuentemente, el arquitecto se ve obligado a mediar entre exigencias normativas cada vez más complejas y los contextos locales que requieren soluciones adaptadas, sensibles y viables.

Urbanización y ampliación de incumbencias: de proyectistas a facilitadores territoriales.

El crecimiento urbano acelerado y la presión por garantizar vivienda asequible han transformado el rol tradicional del arquitecto en Ecuador. Ya no se espera únicamente que diseñe espacios físicos, sino que actúe como planificador, gestor territorial y mediador social, capaz de articular intereses diversos en contextos complejos. Esta ampliación de incumbencias responde a los mandatos y a la visión programática de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), que exigen profesionales capaces de integrar dimensiones ambientales, sociales y productivas en los procesos de planificación territorial (Tobar Cazares et al., 2024).

La figura del arquitecto como facilitador territorial implica una transición desde el dominio técnico del proyecto arquitectónico hacia competencias en gobernanza, participación ciudadana y análisis de políticas públicas. Sin embargo, esta evolución no ha sido acompañada de manera suficiente por los planes de estudio nacionales, que aún privilegian enfoques proyectuales tradicionales y no incorporan de forma sistemática contenidos sobre gestión pública, planificación estratégica ni herramientas de mediación social (Ordóñez León et al., 2022).

Como señalan Paz Montilla y Pomeda Díaz (2011), el arquitecto contemporáneo debe ser formado en un marco transdisciplinario que le permita responder a los desafíos de una sociedad globalizada, con sensibilidad social y capacidad de innovación. Esta perspectiva exige una revisión profunda de los modelos educativos, que deben superar el currículo cerrado y fragmentado para formar profesionales flexibles, críticos y comprometidos con el territorio.

En América Latina, las incumbencias profesionales del arquitecto han sido ampliadas formalmente en varios países. En Argentina, por ejemplo, la Resolución 133/87 del Ministerio de Educación establece que el arquitecto puede participar en planes, programas y proyectos de ordenamiento físico-ambiental, así como en la elaboración de normas legales relativas al hábitat humano (Ministerio de Educación y Justicia, 1987). Esta ampliación reconoce la necesidad de que el arquitecto intervenga en procesos de planificación urbana, gestión ambiental y desarrollo comunitario.

En Ecuador, aunque existen iniciativas como diplomados en gobernanza estratégica y participación ciudadana ofrecidos por universidades y organismos públicos, su integración en la formación arquitectónica aún es marginal (UDLA, 2023). La falta de articulación entre la academia y las políticas públicas limita la capacidad del arquitecto para asumir roles de liderazgo en la gestión territorial.

La construcción participativa de políticas públicas, como lo demuestra el caso de la Agenda del Hábitat Sostenible 2036, evidencia que los procesos de planificación requieren metodologías inclusivas y habilidades comunicativas que permitan mediar entre actores diversos (Ordóñez León et al., 2022). En este contexto, el arquitecto debe ser capaz de traducir las aspiraciones comunitarias en propuestas espaciales coherentes, sostenibles y viables.

La ampliación de incumbencias del arquitecto en Ecuador no es solo una exigencia normativa, sino una necesidad estructural frente a los desafíos del desarrollo territorial, de tal amanera que, para que esta transformación sea efectiva, es indispensable reformar los planes de estudio, fortalecer la formación en gestión pública y promover una visión integral del arquitecto como agente de cambio territorial.

Vacío de conocimiento: la investigación se concentra en las edificaciones, no en el arquitecto como sujeto profesional

Una observación crítica y empírica revela que la mayoría de las investigaciones publicadas en los últimos ocho años en el campo de la arquitectura se han centrado en tecnologías constructivas, materiales, eficiencia energética y evaluación de edificaciones. En contraste, existe una clara escasez de estudios que analicen al arquitecto como sujeto profesional: su identidad, trayectorias laborales, condiciones de empleo, dilemas éticos y transformaciones en sus incumbencias sociales.

Este sesgo de objeto como el centrarse en el edificio y no en el agente que lo proyecta, limita la capacidad de formular políticas efectivas de formación y regulación profesional. Como señala Villalobos-González (2020), la arquitectura ha sido estudiada extensamente desde sus estilos y obras representativas, pero poco desde el ejercicio profesional y su compromiso con la sociedad. Esta omisión impide comprender cómo el arquitecto enfrenta los retos contemporáneos, como la precarización laboral, el desgaste profesional y la pérdida de autonomía en contextos institucionales complejos.

Investigaciones recientes como las de González-Ortiz y Ríos-Mantilla (2024) destacan que la formación arquitectónica en Ecuador aún reproduce esquemas convencionales, sin atender suficientemente los cambios sociales, ambientales y culturales que afectan directamente la práctica profesional. En este sentido, el arquitecto no solo diseña espacios, sino que también negocia su rol en una sociedad que exige nuevas competencias, como la mediación comunitaria, la gestión territorial y la participación política.

La identidad profesional, entendida como el conjunto de valores, competencias y representaciones que definen al arquitecto en su contexto laboral, ha sido abordada desde la sociología de la educación y la teoría crítica. Ávila Quevedo y Cortés Montalvo (s.f.) sostienen que esta identidad se construye en la formación universitaria, pero también se redefine constantemente en función de las políticas públicas y las transformaciones del imaginario social.

Por otro lado, estudios sobre condiciones laborales en América Latina muestran que los arquitectos enfrentan una creciente inestabilidad, con altos niveles de agotamiento, subempleo y pérdida de control sobre sus procesos creativos. Según Cano (2023), más del 96% de los arquitectos encuestados reportaron haber experimentado desgaste profesional en los últimos años, lo que evidencia una crisis estructural en la profesión.

Este vacío investigativo no es solo académico, sino también político. La falta de estudios cualitativos y empíricos sobre el arquitecto como sujeto social impide diseñar políticas públicas que reconozcan sus necesidades reales, sus trayectorias laborales y sus dilemas éticos. Como plantea la Revista Bitácora de la UNAM, es urgente recuperar una actitud crítica en la investigación arquitectónica, que no se subordine exclusivamente a modelos técnicos o estéticos, sino que incorpore el compromiso humano y social del arquitecto.

De acuerdo a lo enunciado, la arquitectura ecuatoriana necesita una investigación que no solo mire hacia los objetos construidos, sino que también interrogue al sujeto que los proyecta. Reconocer al arquitecto como agente social, con una identidad en transformación, es clave para repensar la formación, la regulación y el futuro de la profesión en el país.

Tabla No1

Brechas de conocimiento sobre el accionar profesional del arquitecto ecuatoriano

Nota: La tabla permite visibilizar la brecha entre la formación profesional y las exigencias del contexto actual, aportando un insumo interpretativo para la discusión académica y la construcción de políticas educativas.

Elaboración propia.

Política pública y la formación profesional

La desconexión entre la investigación técnica en arquitectura y la escasa atención al arquitecto como sujeto profesional tiene consecuencias estructurales en los marcos regulatorios y educativos. En Ecuador, los cambios curriculares implementados entre 2017 y 2024 por el Consejo de Educación Superior (CES) han buscado modernizar la formación arquitectónica, pero carecen de evidencia empírica robusta sobre las competencias laborales reales que demanda el mercado y el territorio. Esta carencia ha propiciado políticas basadas en metas tecnocráticas, más orientadas al cumplimiento de estándares internacionales que a las vocaciones locales y a las trayectorias profesionales efectivas.

La falta de estudios longitudinales sobre el ejercicio profesional del arquitecto impide comprender cómo se transforman sus incumbencias, condiciones de empleo y capacidades de adaptación. Como advierte González-Ortiz y Ríos-Mantilla (2024), la formación sigue reproduciendo esquemas convencionales, sin integrar de manera crítica los desafíos sociales y territoriales que enfrenta la profesión.

En respuesta a esta disonancia, el Colegio de Arquitectos de Pichincha (CAE-P) y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) han impulsado desde 2023 un modelo de evaluación curricular que busca articular la formación académica con las necesidades reales de los territorios del país. Este modelo propone incluir indicadores de impacto laboral, pertinencia territorial y competencias transversales como gobernanza, gestión pública y trabajo comunitario.

Además, iniciativas como las presentadas por la Universidad de Cuenca y la universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, han demostrado que es posible construir marcos de acreditación que contemplen no solo resultados técnicos, sino también capacidades para liderar procesos participativos y sostenibles en el territorio. La acreditación internacional obtenida por las carreras de Arquitectura de la Universidad de Cuenca en 2023 y Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (2025) refuerza esta visión, al reconocer la calidad formativa en función de criterios integrales y contextualizados.

Como señalan Loor y Paredes (2022), la evaluación curricular debe ir más allá de la medición de contenidos y resultados de aprendizaje. Es necesario incorporar metodologías que vinculen la formación con el entorno profesional, considerando las dinámicas del mercado, las vocaciones regionales y los desafíos éticos del ejercicio arquitectónico. Rodríguez et al. (2024) complementan esta visión al proponer marcos de acreditación que integren competencias en liderazgo territorial, innovación social y resiliencia urbana, elementos clave para redefinir el rol del arquitecto en el siglo XXI.

Corregir la ruptura entre investigación técnica y atención al profesional requiere una transformación profunda en la forma de investigar, enseñar y regular la arquitectura. Solo mediante estudios empíricos sobre trayectorias laborales, evaluaciones de impacto curricular y marcos de acreditación integrales será posible construir políticas educativas y profesionales que respondan a la realidad del arquitecto ecuatoriano.

Tabla No 2

Comparativa analítica: del paradigma tradicional al contemporáneo

Nota: Esta comparación evidencia que las políticas públicas ecuatorianas no solo promovieron una actualización curricular, sino que también redefinieron el perfil profesional del arquitecto, demandando competencias en gestión, participación social, sostenibilidad y resiliencia territorial (Loor & Paredes, 2022). Elaboración propia

La transformación de la práctica arquitectónica ecuatoriana: avances, contradicciones y vacíos estructurales

La transformación de la práctica arquitectónica en Ecuador es un fenómeno real, complejo y multidimensional, que no puede ser comprendido únicamente desde la evolución técnica o conceptual de la disciplina. Si bien se han registrado avances significativos como la incorporación progresiva de tecnologías digitales, el desarrollo de enfoques sustentables y la ampliación de competencias hacia la gestión territorial, estos logros conviven con profundas contradicciones que revelan la fragilidad estructural del sistema formativo y profesional.

Las políticas públicas han desempeñado un papel determinante en la orientación de esta transformación. Instrumentos como el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y las regulaciones ambientales han introducido nuevas exigencias para el diseño y gestión del espacio construido, promoviendo una visión más integral, participativa y sostenible del desarrollo urbano y rural. Sin embargo, la implementación de estas políticas ha sido desigual y, en muchos casos, desconectada de los procesos formativos en las carreras de arquitectura, donde aún persisten modelos pedagógicos centrados en la producción del objeto arquitectónico y en enfoques estéticos o tecnológicos descontextualizados.

La evidencia empírica que permita articular la formación académica con las realidades territoriales del país sigue siendo insuficiente. Estudios recientes sobre el ejercicio profesional en zonas como Manabí, Esmeraldas o la Amazonía revelan que los arquitectos enfrentan desafíos que no están suficientemente abordados en los programas de formación: gestión de riesgos, diseño para contextos de vulnerabilidad, trabajo con comunidades interculturales, y articulación con actores políticos y sociales en procesos de planificación participativa (Cedeño & Zambrano, 2022; Torres & Paredes, 2023). Estas realidades contrastan con la orientación dominante de la investigación académica, que continúa privilegiando el análisis de sistemas constructivos, eficiencia energética y morfologías edificatorias, sin problematizar suficientemente el rol del arquitecto como sujeto social y político.

La persistencia de esta brecha entre las demandas sociales de arquitectos capaces de gestionar la complejidad territorial, fomentar la equidad y operar con criterios de eficiencia ambiental y las prioridades de la academia y la investigación, evidencia un vacío epistemológico que limita la capacidad de respuesta de la profesión ante los desafíos contemporáneos. Esta desconexión se traduce en una formación que, en muchos casos, no prepara adecuadamente a los profesionales para intervenir en contextos de alta vulnerabilidad, ni para liderar procesos de transformación territorial con enfoque inclusivo y sostenible.

Cubrir este vacío no es solo una necesidad académica, sino una condición estructural para la reconfiguración del campo profesional en Ecuador. Implica repensar los modelos educativos desde una lógica situada, que reconozca las especificidades territoriales, las dinámicas sociopolíticas y las urgencias ambientales del país. Asimismo, demanda una articulación más efectiva entre la academia, el Estado y los gremios profesionales, orientada a construir una arquitectura comprometida con la justicia espacial, la resiliencia comunitaria y la sostenibilidad integral.

DISCUSIÓN

Los hallazgos confirman que el arquitecto ecuatoriano ha transitado desde un perfil predominantemente generalista y técnico hacia uno más especializado, interdisciplinario y tecnológicamente competente. Este cambio responde a múltiples factores estructurales: la globalización, la internacionalización de estándares, la digitalización de la práctica y la emergencia de desafíos ambientales y sociales. La adopción de metodologías de gestión como BIM, CAD y entornos colaborativos ha optimizado la coordinación de proyectos y la eficiencia operativa (BibLus, 2024; Autodesk LATAM, 2023). Paralelamente, el cambio climático ha reposicionado la sostenibilidad como eje central de la práctica profesional, obligando a integrar criterios de eficiencia energética, economía circular y resiliencia urbana (Saint-Gobain, 2024; ONU-Habitat, 2020).

Sin embargo, este proceso de transformación ha generado tensiones estructurales que afectan la coherencia entre formación, ejercicio profesional y políticas públicas como:

• Dependencia tecnológica en un contexto donde la infraestructura digital es desigual, lo que limita el acceso equitativo a herramientas avanzadas y genera brechas entre profesionales (Villao Salinas & Matamoros Dávalos, 2024).

• Déficits formativos en áreas clave como la gestión de proyectos, la gobernanza territorial y el trabajo interdisciplinario, que son esenciales para responder a las nuevas incumbencias del arquitecto (Ordóñez León et al., 2022).

• Desafíos culturales, derivados de la primacía de herramientas digitales que pueden erosionar el conocimiento artesanal, la comprensión material del oficio y la sensibilidad hacia las prácticas constructivas locales (González Sandoval et al., 2023).

• Ausencia de datos sistemáticos sobre condiciones laborales, precarización y desempeño profesional, lo que impide diseñar políticas públicas y reformas curriculares basadas en evidencia empírica (Cano, 2023; Ávila Quevedo & Cortés Montalvo, s.f.).

Este vacío investigativo evidenciado es particularmente crítico. Mientras la literatura sobre desempeño energético y sostenibilidad de edificaciones es extensa, los estudios sobre el arquitecto como sujeto profesional, su identidad, salud laboral, trayectorias y rol en la transformación territorial son escasos. Esta omisión limita la capacidad de alinear la formación universitaria con las demandas del mercado laboral y los objetivos de desarrollo territorial.

Como señalan Loor y Paredes (2022), la evaluación curricular debe incorporar metodologías que vinculen la formación con el entorno profesional, considerando las dinámicas del mercado, las vocaciones regionales y los desafíos éticos del ejercicio arquitectónico. Rodríguez et al. (2024) complementan esta visión al proponer marcos de acreditación que integren competencias en liderazgo territorial, innovación social y resiliencia urbana, elementos clave para redefinir el rol del arquitecto en el siglo XXI.

CONCLUSIONES

1. La práctica arquitectónica en Ecuador ha experimentado una transformación profunda, pasando de un enfoque artesanal a uno que integra tecnología, sostenibilidad, gestión y responsabilidad social.

2. El arquitecto actual debe dominar competencias ampliadas como la gestión de proyectos, liderazgo de equipos multidisciplinarios, uso de herramientas digitales y capacidad de mediación territorial para responder a los desafíos de urbanización y sostenibilidad.

3. Persiste un vacío de conocimiento sobre la identidad profesional, las trayectorias laborales y las condiciones de ejercicio, lo que constituye un reto para la investigación académica y para la formulación de políticas educativas y regulatorias.

4. Se requiere el diseño de investigaciones empíricas de alcance nacional (encuestas, entrevistas, análisis longitudinal) que permitan alinear los currículos de arquitectura, los programas de formación continua y los marcos normativos a las realidades territoriales y a las demandas del siglo XXI.

5. La integración equilibrada de innovación tecnológica y saberes tradicionales es clave para evitar la pérdida de la identidad cultural y del conocimiento constructivo acumulado.

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